Baranda
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Junio de 2002
©2002 Baranda.
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Este artículo fue publicado en el número 22 de la revista Todo Linux.
Últimamente estamos viendo algunas iniciativas de promoción del uso de software libre por parte de algunas administraciones públicas. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Francia, Alemania, Finlandia, Perú, Colombia, España y Corea. En unos casos se han quedado en simples propuestas, en otros han avanzado hasta convertirse en recomendación, ley, plan de implantación, o cualquier otra cosa. Pero en general estas propuestas han provocado un debate sobre si el estado, o cualquier administración pública, debe o no promover el software libre. Se habla de libre competencia, de que el mercado decida, de que el estado no debe favorecer a unas empresas en lugar de otras, etc., etc.
Después de varios meses de seguir (y participar en) estas polémicas, me ha dado por contemplar el asunto desde otro ángulo, poniéndolo en un contexto más amplio. En estas notas os cuento lo que he visto desde ahí.
Uno tiende a pensar que los estados son fundamentalmente imparciales con respecto al funcionamiento del sector de software. A primera vista es un mercado libre, en el que cualquier empresa o particular puede comprar y vender programas. Aparentemente, los precios los fija libremente el propio mercado, y salvo algunos ``detalles'' de los que hablaremos más tarde, los estados no parecen dar ventajas a unos modelos de negocio frente a otros, ni a unas empresas frente a otras.
Sin embargo, cuando uno analiza la situación con más cuidado, esta supuesta imparcialidad queda bastante maltrecha. Porque son los estados los que están dictando el modelo de negocio a la industria del software, o al menos están dando ventajas muy grandes a ciertos modelos de negocio frente a otros. Y al hacerlo, están marcando también la estructura del sector informático y las características de las empresas que mejor pueden desenvolverse en él.
¿Cómo ocurre esto? Entre todas las funciones que desarrollan los estados, hay una que es muy importante: la legislativa. No olvidemos que son los estados los que dictan (por medios democráticos o no) las reglas del juego que todos jugamos, y los que se encargan luego de hacerlas cumplir.
¿Cómo ejercen los estados esta función en el caso del software? Fundamentalmente, reglamentando lo que normalmente se denomina ``propiedad intelectual'' (derechos de autor) y en algunos casos, también la ``propiedad industrial'' (patentes). Si esta legislación no existiera, los usuarios podríamos copiar libremente los programas que recibiésemos, y en general, disponer de los ellos como nos pareciese conveniente, sin más limitaciones. No tenemos posibilidad de hacer lo que queramos con un programa propietario que recibamos sólo porque los estados han legislado que sus autores o productores puedan prohibirnos total o parcialmente hacer este tipo de cosas.
Para evitar malos entendidos, es importante también darse cuenta de que la situación es muy diferente de la que afecta a la propiedad de los bienes materiales. Si compras un pastel, o te lo comes tú o se lo das (o vendes) a otro. Pero no puedes comértelo y regalarlo (o venderlo) a la vez. Por eso, la propiedad privada de los bienes materiales es un asunto, y la de la información es otro bien distinto. Tú puedes recibir un programa, copiarlo y regalárselo (o vendérselo) a alguien, y después, tranquilamente, seguir usándolo. Como el coste de la copia es hoy día ridículo, en la práctica podemos ignorarlo en la mayoría de las situaciones.
Haya o no legislación que favorezca a la propiedad privada de los bienes físicos, quien los use no estará muy contento si otro trata de usarlos en su lugar sin darle nada a cambio. El estado aquí regula una situación que en caso contario puede dar lugar a conflictos, ya que hay intereses encontrados. Pero esto no ocurre en las transacciones relacionadas con la información, o al menos no de la misma manera. Por ello, el estado no está regulando sobre una situación conflictiva cuando nos prohibe, por ejemplo, la copia de un programa. Simplemente, está poniendo una reglas que favorecen un determinado modelo de industria.
Una vez nos hemos dado cuenta de que la situación actual es la que es solamente porque los estados han legislado en ese sentido, podemos pensar que, si la legislación hubiera ido por otros caminos, las cosas serían bien diferentes. El mundo podría ser de otra forma, y la industria del software también. Por ejemplo, no habría sido tan extraño que los estados hubieran decidido que para comercializar un programa fuera obligatorio dejar el código fuente a disposición de los clientes, y darles permiso explícito para corregir los errores que puediera tener. Como se hace por ejemplo en el mercado inmobiliario, donde quien compra una vivienda tiene derecho a un plano donde se indique la situación de las canalizaciones, el cableado eléctrico, etc. Y naturalmente cualquiera puede hacer en su casa las modificaciones (no estructurales) que quiera, sin tener que pedir permiso al vendedor.
O podría haberse decidido que las empresas compitieran en los servicios, y por tanto no haber restringido el derecho de copia a los usuarios. En ese caso, el estado habría podido decidir que para comercializar un programa sería condición indispensable proporcionar su código fuente a todo el que lo pidiera, y no poner ningún impedimento a la redistribución. ¿Te suena este modelo? Efectivamente, los estados podrían haber decidido (podrían decidir dentro de un tiempo) que para comercializar un programa, este tuviera que cumplir condiciones similares a las que cumple un programa libre.
Visto desde este punto de vista, las legislaciones actuales difícilmente pueden considerarse como imparciales con respecto al modelo de negocio. De hecho, el modelo de negocio tradicional en el mundo del software-producto, la venta de licencias de uso limitadas (lo que adquirimos cuando ``compramos'' un programa propietario) sólo es posible porque se ha legislado de forma que lo sea. Y al hacerlo, no sólo el estado ha decidido que esta sea el modelo más ``popular'', sino que ha hecho posibles consecuencias como que cuanto mayor sea el mercado donde se venden licencias, más beneficios se consigan (de forma casi directa: los costes aumentan poco, los ingresos mucho), o que haya empresas que detenten monopolios de facto en amplios nichos (los usuarios prefieren usar el producto mayoritario, y nadie más que la empresa que lo produce puede proporcionárselo, y nadie puede competir proporcionando el mismo producto).
La legislación sobre propiedad intelectual no es la única forma en que los estados están influyendo en la industria del software, o ayudando a que las empresas con éxito en esta industria sean de cierta forma. Un ejemplo, nada menos que del Foro de la Convención Europea, la institución que tiene el encargo de proponer una Constitución Europea:
``Aunque formalmente sea posible enviar estos documentos por correo o fax a la Secretaría de la Convención, sólo podrán tratarse efectivamente en el marco del Foro, publicarse y difundirse los textos enviados por vía electrónica (se recomienda el formato Word)''
He escogido este ejemplo por lo relevante de la actividad a la que se refiere, pero textos muy similares se podrían haber encontrado en cientos de otros lugares relacionados directamente con entes dependientes de estados.
¿No constituye esta nota una forma de favorecer descaradamente a un producto concreto de una empresa concreta, frente a todos sus competidores? Al menos en este caso nos dicen solamente ``se recomienda''. En otros casos nos encontramos con la simple y llama obligación... Como se puede ver, estamos llegando a un momento donde para poder participar en la construcción europea, en la elaboración de lo que podría llegar a ser nuestra Constitución Europea necesitamos tener una licencia de MS-Word...
Y desgraciadamente este no es un caso aislado. En muchos casos, para comunicarnos con nuestras administraciones públicas (a nivel local, regional, estatal o supranacional) tenemos que usar determinados productos de determinadas marcas. Para pagar impuestos, para acceder a ayudas de investigación, para poder participar en subvenciones a la compra de material informático, etc., etc., etc. La lista parece no tener fin.
¿Puede decirse que estas son prácticas imparciales? Las administraciones públicas, el estado en fin, están promoviendo, conscientemente o no, el uso de ciertos productos, ayudando directamente a engrosar las cuentas de beneficios de ciertas empresas, y no de otras.
Y hay otros muchos casos, como cuando con dinero público se pagan cursos de formación, supuestamente de ofimática, que se convierten en realidad en clases de capacitación para el uso de ciertas herramientas de software propietario. O cuando se malgastan cantidades ingentes de recursos públicos en programas de investigación y desarrollo destinados a subvencionar la creación de programas propietarios, que sólo podrán comercializar, y convertir en beneficios, los mismos que reciben las subvenciones. Y más, y más y más.
Por lo tanto, el estado dista mucho de ser imparcial con respecto a la industria informática. Ha regulado el sector, vía legislación sobre propiedad intelectual, definiendo así tanto el modelo de negocio fundamental que se emplea en él como el tipo de empresa que mejor puede competir con esas reglas de juego. Como consecuencia, también ha definido las prácticas ``dominantes'': ocultación de información técnica, prácticas que favorecen monopolios empresariales, etc. Por si fuera poco, favorece directamente a ciertas empresas, a veces de forma quizás inconsciente, en otras con clara intencionalidad.
A pesar de que las reglas del juego son tan poco neutras, el software libre ha mostrado que hay (al menos) otra forma de hacer las cosas. Y que esa otra forma es capaz de generar software de suficiente calidad, y en suficiente cantidad, como para satisfacer las necesidades de un grupo creciente de usuarios. Por lo tanto, ha llegado el momento de plantearse una pregunta que, lejos de ser académica, tiene un directo impacto práctico: ``¿Qué modelo de sector informático tiene que favorecer el estado?'' Si respondemos a esta pregunta, el tipo legislación a promover aparecerá como consecuencia.
Naturalmente, responder esta pregunta no es fácil. Pero hay que trabajar en encontrar esa respuesta, porque en cualquier caso, al imponer la situación actual, el estado ya la está respondiendo, y quizás no de forma óptima.
Desde mi particular punto de vista, la respuesta ha de estar basada en la maximización del bien común. Esto es, debemos tener el modelo de sector informático que mejor software produzca para la sociedad. Concretar qué es ``mejor'' es sin duda más difícil. Pero una primera aproximación podría ser ``con menos recursos, con más calidad, con más cantidad, llegando a todos los usuarios''. A la luz de estos criterios, o de otros similares, es como el estado debe estudiar la conveniencia o no de un modelo u otro. Y a partir de las conclusiones de ese estudio, legislar de forma que sea ese el modelo favorecido.
Hoy, sin embargo, el estado nos está imponiendo una situación donde se prima un determinado modelo de producción de software sin haber discutido ampliamente si eso es lo que consideramos mejor. Por lo tanto, la discusión no es si el estado debe dejar de ser imparcial para pasar a promover un modelo dado, sino si, siendo parcial, como ya es, debe primar el modelo que está primando ahora, o debe dar señales claras de que hay otros modelos más interesantes para la sociedad.
Esto es lo que se está empezando a hacer, de forma muy tímida, en algunas partes del mundo. Y esto es lo que está siendo ferozmente criticado por los beneficiados por la situación actual. Porque cuando se habla de que el estado no debe inmiscuirse ni regular una industria como la informática, lo que se está diciendo en realidad es que el estado debe seguir con la estricta regulación que ha puesto en vigor hasta el momento. Que debe seguir inmiscuyéndose en cómo funciona el sector informático, pero sólo para promover aún más el modelo actual.
En mi opinión, lo que tiene que ocurrir es lo contrario: que se deje de promover ciegamente el modelo actual, que se estudie cuál es que queremos, y que se pase a promover ese, sea el que sea. Y entre todos los que se nos puedan ocurrir, propongo que se estudie como candidato a promover el modelo del software libre. Y por eso animo a los estados que ya han comenzado tímidamente ese camino a que continúen por él: el sitio al que lleva difícilmente puede ser peor que en el que estamos ahora.